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Existen muchos tipos de transferencias fraudulentas, y no querrá ser pillado con las manos en la masa llevando a cabo ninguna de ellas, incluso sin saberlo. Las leyes contra transferencias fraudulentas pretenden proteger al acreedor amparado por el derecho civil, a “la gente” tipificada” bajo el derecho penal, y a un fideicomisario en caso de insolvencia. Puede que para ninguno de ellos sea fácil buscar a una persona que ha transferido activos fraudulentamente; de hecho, tendría que ser motivador desde un punto de vista financiero para que sea económicamente rentable. El coste de la búsqueda podría superar al de los beneficios. Los activos sacados de su país natal son difíciles de colocar, sobre todo una vez puestos en una compañía, fideicomiso o cualquier otra estructura. Pero podría haber grandes condenas civiles y penales si se determinara que las transferencias son fraudulentas. Y los particulares que transfieran fraudulentamente activos, podrían estar minando sus propios planes para colocar de manera segura sus activos en offshore. Por lo tanto, la razón de una persona para transferir activos debe ser adecuada, como una planificación fiscal legal, un plan empresarial que sea legítimo, u otra razón de tipo legal. Esto dará lugar a un buen argumento sobre por qué los activos se llevaron a offshore, en caso de ser cuestionados. Pero, lo mejor es esperar que ni acreedores ni tribunal de quiebras nos observen. Su solvencia es la prueba definitiva de si una transferencia fue fraudulenta. En virtud de dos sistemas de derecho civil, the Uniform Fraudulent Conveyance Act (UFCA) and the Uniform Fraudulent Transfers Act (UFTA), los acreedores cuentan con ciertos recursos y protecciones. Para probar fraude, uno debe probar la intención de defraudar. Esto no es tan fácil, pero la jurisprudencia y la UFTA, ofrecen la opción de poder probar dicho fraude mostrando una placa de identificación de fraude. Existen 11 placas de identificación de fraude, y la indicación de solo una de ellas serviría de advertencia y de la posibilidad de intención fraudulenta. Una placa de fraude es más fácil de determinar que la intención de defraudar. En el fraude constructivo existe una falta de valor razonable o consideración a cambio de los activos que se transfieren. Y, a diferencia del fraude real, ni existen requerimientos para probar la intención de defraudar ni se requiere una placa. Debería determinar cuidadosamente su situación con los acreedores potenciales, inclusive cónyuges, y por su puesto conocer tanto la estructura como las leyes del país al que se propone transferir los activos. Están leyes cambiaran dependiendo del país, incluyendo los plazos de prescripción. Si tiene cualquier duda, aconséjese por un profesional.
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